El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó al Gobierno que adopte medidas para atender la situación de la industria y advirtió sobre el impacto de la crisis en las Pymes. Lo hizo durante el panel que compartió con su par santafesino, Maximiliano Pullaro, en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló este martes en el Golden Center porteño.

“El Gobierno nacional no puede mirar para otro lado frente a lo que está pasando con el cierre de 33 mil pymes y 300 mil puestos de trabajo que se han caído”, afirmó

El mandatario compartió un panel con Pullaro, en el que debatieron sobre la integración de las cadenas de valor regionales y las posibilidades de desarrollo industrial a partir de las inversiones en minería y energía. En ese contexto, Llaryora planteó que la expansión de esos sectores no puede avanzar en detrimento de las actividades que sostuvieron durante décadas la economía argentina.

“Estamos potenciando y motorizando los nuevos motores de la Argentina, pero tenemos otros motores a los cuales hay que asistir. No se puede mirar para otro lado”, sostuvo. Como ejemplos de las dificultades que atraviesan las empresas, mencionó a Metalfor y Pauny, dos firmas vinculadas a la maquinaria agrícola.

“Estas empresas estaban bien gerenciadas, llegaron a ser las número uno de la Argentina. Acá claramente hay que tener una política para motorizar estas nuevas industrias que nosotros estamos ayudando, pero el Gobierno nacional tiene que tener una mirada”, señaló.

Llaryora consideró que la Argentina necesita una estrategia nacional de desarrollo industrial que contemple tanto las nuevas actividades como las empresas que ya cuentan con una estructura productiva consolidada. En ese sentido, destacó el peso de la agroindustria en Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, donde identificó más de 470 grandes empresas vinculadas a esa actividad.

“Nosotros estamos acompañando, pero tenés que tener una estrategia para ayudar también a conservar estos niveles de desarrollo. Lo hacen todos los países del mundo”, afirmó.

El gobernador también describió el impacto que la situación de las grandes compañías puede generar sobre sus proveedores. Al referirse a Pauny, indicó que sus trabajadores estaban en la calle y que otras empresas suspendían turnos. Advirtió que las dificultades no afectan solamente a las firmas principales, sino también al segundo, tercer y cuarto cordón de proveedores que dependen de su actividad.

“Esto va a pasar a ser un nivel de desempleo altísimo en los pueblos del interior”, alertó. Y planteó: “La inteligencia es desarrollar nuevos motores para que no se te apaguen otros. Ahora, desarrollar un nuevo motor para apagar el otro no es inteligente”.

Durante el intercambio, Llaryora también respondió sobre la posibilidad de avanzar en un pacto federal fiscal con la Nación. El mandatario se mostró dispuesto a sentarse a discutir una reforma tributaria, aunque cuestionó que se anuncien propuestas sin una negociación previa con las provincias.

“Hay que sentarse seriamente. No tirar una consigna y después venir a preguntarnos qué opinamos nosotros sobre la consigna que ya tiraste a la prensa”, expresó.

En esa línea, planteó que una eventual reducción de impuestos debe contemplar los tributos nacionales que no se coparticipan. “Si tiramos la baja de Sellos, tirame la baja de los impuestos al débito y ya está. Y tiremos todo lo que no coparticipa tampoco”, sostuvo.

El gobernador pidió que la discusión incluya a los sectores productivos, los mandatarios provinciales, los intendentes y el Gobierno nacional. “No necesitamos que nos den. Si vamos a sacar impuestos, saquemos impuestos que se queda la Nación sola y hagamos una reforma en serio”, insistió.

Pullaro coincidió con la necesidad de discutir el sistema tributario federal y recordó que Santa Fe transfirió a los sectores productivos un alivio fiscal de 80 mil millones de pesos mediante la ley tributaria de 2026. El gobernador santafesino sostuvo que las administraciones provinciales deben aplicar políticas contracíclicas en momentos de dificultades económicas y manifestó su disposición a debatir cambios en los impuestos que afectan al campo y a la industria.

En el mismo evento también participaron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Catamarca, Raúl Jalil; y San Juan, Marcelo Orrego, quienes expusieron sobre las oportunidades de desarrollo vinculadas a la minería y la energía, y el impacto de esas actividades en las economías provinciales.

Figueroa destacó la integración de las cadenas de proveedores y sostuvo que las provincias no deben competir entre sí, sino complementarse. Según explicó, cerca de 5.000 empresas de distintos puntos del país trabajan para Vaca Muerta y la industria neuquina. También detalló cómo se distribuyen los ingresos de un barril de petróleo de exportación y remarcó que una parte de esos recursos llega al conjunto de las provincias.

Por su parte, Jalil consideró que el RIGI aceleró inversiones mineras que ya estaban previstas y permitió avanzar en la formación de trabajadores y proveedores locales. De cara al crecimiento de la actividad del cobre, sostuvo que Catamarca y otras provincias de la región están mejor preparadas para aprovechar las oportunidades. “La minería no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a ayudar, junto con el petróleo y el gas, a seguir estabilizando la economía”, afirmó.

Orrego, en tanto, puso el foco en la infraestructura necesaria para acompañar las inversiones. Contó que San Juan acordó con la empresa Vicuña un aporte de USD 250 millones para obras vinculadas con la actividad minera y que consiguió financiamiento internacional para desarrollar proyectos viales y energéticos. Según precisó, la provincia también colocó un bono en los mercados internacionales y obtuvo un crédito de USD 160 millones de la CAF.